El Ministerio de Hacienda quiere iniciar este año su anunciada reforma fiscal en la que planteará, entre otras medidas, un aumento de los impuestos especiales, concretamente el que grava el consumo de tabaco, así como una revisión del sistema de módulos por el que tributan muchos autónomos y un replanteamiento de las deducciones que existen actualmente en el Impuesto sobre Sociedades, según fuentes de este departamento. En materia de IVA, Hacienda quiere analizar el impuesto con "calma", aunque admite que España hace un mayor uso de los tipos reducidos que otros países de Europa y que la recaudación por este impuesto en relación con el PIB es menor que en la media de la UE. Armonizar los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, en concreto Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio, es otro de los objetivos de la reforma fiscal que quiere aprobar el Gobierno este año, además de analizar cuáles son las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza.

Asufin ha ganado una demanda colectiva que beneficiará a todos los hipotecados que pagaron gastos de constitución y que firmaron sus préstamos antes de la entrada en vigor de la ley de contratos de crédito inmobiliario en junio de 2019, sin necesidad de litigar por ello. Según la sentencia del Tribunal Supremo, los gastos iniciales no tendrían por qué ser aplicados en su totalidad a los consumidores. Con la nueva Ley Hipotecaria, se obliga a los bancos a cargar con este gasto. Ahora, la acción colectiva de cesación interpuesta por Asufin ha sido ganada en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid contra Kutxabank, Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (ahora Unicaja Banco), ING Bank y Deutsche Bank.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal implicará una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la transmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal iniciará su trámite parlamentario. Modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios. Se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con ello, se persigue restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar, por tanto, el fraude. Otra medida que se contempla es la prohibición por ley de amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonios. Disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe cuya superación conlleva la inclusión en el listado de deudores de la Hacienda Pública. Otra medida es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente. También se establece la prohibición del denominado software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad, entre otras medidas fiscales.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos fruto del Acuerdo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo, y otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad, acordados en el marco del Diálogo Social. El reglamento para la igualdad retributiva establece para todas las empresas de más de 50 trabajadoras y trabajadores la obligación de tener un registro retributivo para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del puesto según el género. Las empresas deberán elaboran un plan de igualdad y realizar una auditoría retributiva, es decir, un diagnóstico de la situación retributiva y un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas. A su vez, desde los ministerios de Trabajo e Igualdad se desarrollará, por orden ministerial, las herramientas modelo que podrán ser utilizadas de forma gratuita por las empresas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo con el objetivo de tener una información desglosada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor. Las empresas deberán contar con planes de igualdad efectivos y específicos que pongan el énfasis en el diagnóstico con los efectos reales y sin reproducir estereotipos de género. Se reforzará el carácter negociado que deben tener los planes de igualdad, por lo que se establecen reglas de legitimación y se clarifica el procedimiento de negociación, particularmente en aquellas empresas que no tienen representantes legales.